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sábado 24 de agosto de 2019

Bajos intentos

Alberto Consejo V.*

Primer intento en el Tribunal Local de Baja California

El 17 de octubre de 2014 se publicó el Decreto 112 de la reforma político-electoral por el que se reformaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. En sus artículos: sexto, séptimo y octavo transitorios, respectivamente, se disponen los periodos únicos de ejercicio de los diputados, munícipes y gobernador de 2019 a 2021, a fin de que concurrieran (a partir de 2021) las elecciones locales con las federales.

El 5 de enero de 2019 el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEBC) publicó la convocatoria para renovar a los diputados, munícipes y al gobernador; en el caso concreto de este último, el periodo de su gobierno, según el octavo transitorio, iría del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021 (dos años).

Contra la convocatoria se interpusieron ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEEBC) los medios de impugnación:1

El TJEEBC argumentó y resolvió en su sentencia2 del 24 de febrero de 2019, entre otras, las siguientes:

  • La improcedencia de los recursos MI-21 y MI-24, pero la procedencia del MI-18, a pesar de haberse presentado con extemporaneidad (el plazo de impugnación es de cinco días); el Tribunal justificó la extemporaneidad sobre la base de que no existe en la legislación un medio para controvertir el acto reclamado.
  • Tener, como Tribunal, facultades para “ejercer un control de carácter concreto de constitucionalidad, es decir, analizar las normas jurídicas estatales, contrastarlas con lo dispuesto en la Constitución federal y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y después de realizar un ejercicio de interpretación conforme…”.
  • En su momento, el Congreso del Estado podía, para efectos de la concurrencia, haber elegido entre el año 2021 (como lo hizo) o el 2024 (como no lo hizo) pues con dos años se “…restringe en mayor medida el derecho de acceder al cargo (ejercerlo)” y que si en cambio “…concluyera en el dos mil veinticuatro … serían cinco años, es decir, lapso mayor a la primera opción y muy cercana al establecido en el artículo 44 de la Constitución local…”; es decir, seis años, el periodo regular de la gubernatura.
  • El tribunal “debe analizar los motivos de disenso hechos valer por la recurrente desde la perspectiva concreta de la restricción al derecho fundamental de ser votada, en su vertiente al acceso al cargo por un periodo determinado…”.

  • Que “…el ajuste al periodo de gestión de la Gubernatura electa en este proceso electoral local no fue conforme a los principios de progresividad y pro persona, puesto que debió contemplar la medida alterna que implicaba una restricción menor al derecho de ser votada y acceder al cargo por un periodo determinado en el artículo 44 de la Constitución local…”.
  • Que “… tomando en cuenta los estándares de interpretación realizados por la Sala Superior, la Corte y tribunales internacionales en los que se ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos fundamentales en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas jurídicas, así como de los métodos de interpretación sistemática y funcional, de los artículos 51, 83, y 116, fracciones I, y IV, incisos a) y n) de la Constitución federal, 25 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conjuntamente con los artículos 14 y 44 de la Constitución local, y los principios de progresividad y pro persona el periodo que por única ocasión ejerza la Gubernatura electa en el presente proceso electoral concluirá en el año dos mil veinticuatro…”; en consecuencia, ordenó que el IEEBC emitiera la adenda en la convocatoria previamente difundida en el sentido descrito.

El 25 de febrero el IEEBC cumplió con la sentencia del tribunal local y publicó la adenda ordenada para que el periodo de la gubernatura electa en 2019 concluyera en 2024.

No sobra decir que, en una argumentación final, el IEEBC menciona que los efectos de la sentencia deben aplicar a todos los que se encontraran en el supuesto jurídico y no solamente a la ciudadana demandante. Por otra parte, los resolutivos de la sentencia del tribunal local determinan que la convocatoria del IEEBC es válida (sic), pero le ordena emitir la adenda comentada (cinco años) y vincula, además, al Secretario General de Gobierno del Estado para que “…dé cabal cumplimiento…” a la ejecutoria.

El tribunal local de Baja California, a nuestro parecer, en su sentencia cometió varios excesos y despropósitos de lo que debe ser la función jurisdiccional local; enumeramos algunos:

  • En primer lugar, desaplicó el artículo 295 de la Ley Electoral del Estado de Baja California al aceptar la interposición de un recurso fuera de tiempo (casi dos semanas después), toda vez que debió presentarse los primeros días de enero (se presentó el 22).

Artículo 295. Los recursos deberán interponerse dentro de los cinco días siguientes al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que se impugna.

  • A pesar de haberse impugnado la convocatoria el TJEEBC en sus resolutivos, ¡la confirma! Pero ordena que el Instituto Electoral emita la adenda, la cual dispone que el periodo de gobierno llegará hasta el año 2024, cuando la Constitución local marca 2021.
  • Para efectos de la sentencia, el TJEEBC se arrogó facultades propias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la única competente para resolver acciones de inconstitucionalidad, lo cual es lo único que hubiera podido, en su caso, desaplicar el octavo transitorio; además de que ello se puede impugnar treinta días posteriores a la emisión de la norma respectiva (de 2014), el tribunal local fue más allá ¡¡¡por casi cinco años!!!
  • El tribunal local, incluso en sus consideraciones, califica de “Constitucional” el artículo octavo transitorio; no obstante en los hechos, no solamente lo desaplica sino que lo modifica.

El 27 de marzo de 2019 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió por unanimidad, en el SUP-JRC-5/2019 y acumulados, la revocación de la sentencia del TJEEBC RI-18/2019 y acumulados, que ordenaba que el periodo del gobernador a elegirse en el proceso electoral 2018-2019 fuera de cinco y no de dos años, tal y como disponía el octavo transitorio ya referido. El magistrado ponente fue Indalfer Infante González. En este asunto no sobra decir que el TEPJF no entró al fondo de las argumentaciones del TJEEBC, pues concluyó que el recurso, como ya anotamos, había sido interpuesto de manera extemporánea, por lo cual el tribunal local no debía haberle dado entrada desde un principio. Tampoco sobra destacar que en esta sentencia la Sala Superior del TEPJF presentó dos votos concurrentes de los magistrados Janine M. Otálora Malasis y Reyes Rodríguez Mondragón, que si bien coincidían con la revocación, consideraron que la Sala Superior del TEPJF debió estudiar el fondo del asunto porque fue indebida la inconstitucionalidad aducida por el TJEEBC, básicamente en lo que llaman la “libertad de configuración legislativa” del Congreso Local que, por virtud del mandato de la Constitución Federal, obliga a los congresos locales a cumplir con lo que dice la fracción IV, inciso n) del artículo 116 respecto a que éstos deberán garantizar que se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales.

Segundo intento en el tribunal local

El 3 de abril, el C. Jaime Bonilla Valdez interpuso ante el TJEEBC un recurso de inconformidad (RI-63/2019) en contra del acuerdo del 30 de marzo, IEEBC-CGPA37-2019 del Consejo General del Instituto, por virtud del cual se le otorgaba registro a él mismo en los términos de la convocatoria, para la gubernatura de dos años y no cinco, según la resolución de la Sala Superior del TEPJF SUP-JRC-5/2019 y acumulados.

El 7 de mayo de 2019, el TJEEBC, en el asunto RI-63/2019 referido resolvió, a diferencia de lo hecho en el juicio anterior, ahora sí, ¡declarar la inaplicación! del artículo octavo transitorio del Decreto 112 (periodo de gobierno de dos años), así como que se debía modificar la convocatoria para que el periodo de gobierno fuera de 2019 a 2025; es decir, seis años, tal y como dispone el texto constitucional local en su artículo 44.

Las argumentaciones del TJEEBC en este asunto, por cierto más temerarias que en el caso previo, son que si bien no puede declarar la inconstitucionalidad del Decreto 112 en su totalidad, aun cuando se violentó el proceso legislativo (sic), sí se puede dar lugar a la “inaplicación de una norma al caso concreto”; es decir, en el artículo octavo transitorio, pues el “contenido en dicho artículo es restrictivo del derecho fundamental de ser votado, en su modalidad de ocupar y desempeñar el cargo, y colisiona con lo previsto en el propio texto de la Constitución local”. En otras palabras, lo que marca el artículo 44 y la duración del periodo de seis años de la gubernatura. Aduce el Tribunal que hasta el momento ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el TEPJF se han pronunciado sobre la constitucionalidad del octavo transitorio del Decreto 112 y que por ello debe hacerlo el tribunal local. Sostuvo que las elecciones de diputados y municipios cumplen con la obligación constitucional federal de que exista al menos una elección que cumpla con la disposición de que deba concurrir con alguna de las elecciones federales; por ello, creemos que a juicio del TJEEBC no importaría que la elección de gobernador estuviera, con seis años, desfasada de ambas elecciones federales.

El 29 de mayo de 2019 la Sala Superior del TEPJF, en la ponencia del magistrado Fuentes Barrera, resolvió por unanimidad el SUP-JRC-22/2019 y acumulados que impugnan el RI-63/2019. Nuevamente el Tribunal Federal revocó la sentencia del TJEEBC, sin embargo, tampoco entró a juzgar el fondo de la resolución del tribunal local, sino que determinó que el candidato entonces, hoy gobernador electo, debió impugnar la convocatoria y no el acuerdo que le otorgaba su registro a la candidatura de gobernador. En este asunto, en concordancia con lo así hecho en la pasada sentencia, el magistrado Reyes Mondragón, ya en solitario, presentó voto concurrente básicamente en los mismos términos que en la anterior sentencia; argumentando la libertad de configuración legislativa del congreso local.

Tercer intento en el Congreso del Estado

El 8 de julio de 2019, a más de un mes de haberse llevado a cabo las elecciones, en sesión extraordinaria del Congreso del Estado se presentó la iniciativa del diputado Víctor Manuel Morán Hernández que, a nombre propio y del grupo parlamentario de Morena (formado por sólo tres diputados), proponía modificar el artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California, que fue aprobado mediante el multicitado Decreto 112 (en la Gaceta se indica: “de fecha 11 de septiembre de 2014” cuando, en realidad, se refieren al 17 de octubre –las prisas–); se solicitó dispensa de trámite y no se turnó a comisión alguna, como es común, sino que se votó con abrumadores 21 votos a favor en el Pleno.

Conclusiones

No es exagerado decir que, desde el momento en que era candidato con francas posibilidades de ganar, parece haber una conspiración para desconocer la Constitución de Baja California y prorrogar, a como dé lugar, el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez, hoy gobernador electo, quien protestará al cargo el próximo 1 de noviembre, en una de esas, por un periodo superior del que fue constitucionalmente electo. ¿Cómo es posible que se reforme un artículo transitorio que pretenda alterar la voluntad de los electores que, en estricto, ya votaron por candidatos para ejercer por un periodo de dos años y no de cinco?

Es evidente que no sólo los diputados del Congreso local y los magistrados del TJEEBC han faltado al juramento de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del estado, así como las leyes que de ellas emanen. Justo será que sean juzgados políticamente por el grave atentado contra las instituciones del país.

El último valladar de la constitucionalidad y legalidad será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en vía de acción de inconstitucionalidad debería anular la reforma del Congreso del Estado; se necesitan ocho de 11 votos de los ministros en un tema que demanda nada menos que la unanimidad, por lo que corregir el rumbo de la constitucionalidad no debiera ser complicado, pero en los tiempos que corren –hay que reconocerlo– ya nada parece ser sencillo.

Lo que ha sucedido alrededor de la elección de gobernador en Baja California es de suyo escandaloso; aunque en la vorágine informativa el asunto puede diluirse pronto y, con ello, el Estado de derecho al que México, por cuestiones como esta, no deja de ser eterno aspirante.

* Abogado especialista en derecho electoral.
1 El Tribunal reencauza y cambia de MI (medio de impugnación) a RI (recurso de inconformidad).
2https://www.tje-bc.gob.mx/sentencias/1551119442RI18YACUMSENTENCIA.pdf
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