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sábado 23 de febrero de 2019

Asfixia presupuestal

Paula Ramírez Höhne*

En 2019 también habrá elecciones, tal como ha ocurrido año tras año en nuestro país. Este hecho contundente de la vida política mexicana, la renovación constante y permanente de los poderes constitucionales por la vía democrática, así como las alternancias que ha producido, ha sido posible gracias a la participación de millones de ciudadanos y a la consolidación de un sistema electoral suficientemente probado para garantizar elecciones genuinas, legales, que han permitido la transmisión pacífica del poder aquí y allá, en cada rincón del país.

Desde 2014, la participación del ine en la organización de las elecciones locales ha implicado la estandarización de los procedimientos y dispositivos normativos, logísticos y operativos para que toda elección en México, sin importar su tamaño o el nivel del cargo en juego, ofrezca las mismas garantías: condiciones de equidad en la contienda, mecanismos de verificación y vigilancia, transparencia y máxima publicidad en cada paso y decisión, resultados preliminares oportunos y ciertos, fiscalización efectiva a partidos y candidatos, entre muchas otras; en suma, elecciones libres y legales.

En los últimos cuatro años, desde que se fundó el sistema nacional de elecciones, el INE ha organizado directamente o participado de manera sustantiva en la organización de 112 elecciones constitucionales (véase la tabla).1 En este periodo se han disputado todo tipo de cargos, en cada uno de los niveles de representación y gobierno, de las 32 entidades de la República Mexicana. La alternancia ha sido la constante: en 2015, en cinco de las nueve entidades donde hubo elección de gobernador cambió el partido en el poder; en 2016 ocho de los doce estados con elección del Ejecutivo local tuvieron alternancia; en 2017 solo uno de los tres gobiernos locales en disputa registró cambio de partido gobernante, pero en 2018 en siete de nueve entidades ganó la gubernatura algún partido de oposición.

Parece ocioso, pero en el actual contexto es importante hacerlo ver con toda claridad: la alternancia no era parte de la realidad en México hace veinte años, la pluralidad política y la alternancia en el poder son una conquista que ha tenido el pueblo de México gracias a los avances que ha supuesto para la democracia contar con una institución que ha realizado su mandato con toda seriedad, como el INE (y antes el IFE).

En este año habrá elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos en Baja California; de diputados locales en Tamaulipas y Quintana Roo; y municipales en Durango y Aguascalientes. Además, se repetirá la elección para gobernador de Puebla,2 más cinco elecciones extraordinarias municipales. En total, estarán en contienda 148 cargos locales de esas seis entidades.

Los procedimientos de la función electoral serán desplegados para ofrecer las garantías del sistema en todos sus extremos. Dado que se trata de elecciones locales, los organismos públicos locales (OPLE) entablan un esquema de coordinación y colaboración con el INE para llevar a cabo todas las actividades que supone la celebración del proceso electoral. El INE se hace cargo del trabajo para la ubicación e integración de casillas y el despliegue en campo dirigido a la capacitación de los ciudadanos que recibirán y contarán los votos; también provee la lista nominal de electores; administra los tiempos del Estado en radio y televisión para la propaganda político-electoral; fiscaliza los recursos de los partidos políticos y candidatos que participan en la contienda; y norma y da seguimiento a múltiples actividades para la adecuada conducción del proceso electoral.

Contando a Puebla, la lista nominal de las entidades con elecciones en 2019 alcanzará para su fecha de corte definitiva alrededor de 13.7 millones de electores inscritos. Esta cifra constituye la base de la organización y del operativo logístico que se desplegará en las seis entidades, pues con base en ella serán calculados el número de casillas que se instalará, la cantidad de boletas y actas que deberán imprimirse y los funcionarios que se requerirá capacitar para integrar las casillas, entre muchos otros elementos que forman parte de las actividades sustantivas de la organización electoral.

Si bien las elecciones de este año tocarán solo a cerca de 15 por ciento de la población con derecho a votar, el trabajo de su organización es complejo, abarcador y costoso. Ello, debido a que todas las tareas de la organización electoral están normadas, reguladas, para evitar la intervención o alteración de algún procedimiento a favor o en contra de algún contendiente, o dicho llanamente: para evitar la trampa. Esto ha significado que cada paso, cada tarea, cada actividad del proceso electoral sea doblemente revisada, probada una y otra vez en sus funcionalidades y alcances, verificados sus controles de seguridad, y en muchos casos incluso auditada.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es un ejemplo elocuente: el diseño y desarrollo del programa, a cargo del INE o el OPLE, es acompañado de manera permanente por un comité de expertos externos; sus funcionalidades y especificaciones de calidad son rigurosas y obligatorias, y están normadas en el Reglamento de Elecciones; además, el sistema debe ser auditado por una institución académica en posibilidades de verificar la integridad de los datos y la eficacia de los controles del programa. También se hacen múltiples pruebas y simulacros a lo largo del proceso electoral para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema, del operativo en campo y de las telecomunicaciones. Y todo, cada paso, actividad, decisión, es conocido y vigilado por los partidos políticos.

Así como con el PREP ocurre con el resto de las tareas sustantivas que tiene la autoridad electoral, desde el resguardo, mantenimiento y actualización del Registro Federal de Electores (la base de datos de ciudadanos mexicanos más grande y mejor actualizada del país), hasta la fiscalización, la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, o la verificación de requisitos y aprobación para ser partido político o candidato independiente, por solo mencionar algunas de las tareas relevantes. Actividades que, además del alto grado de sofisticación técnica que exigen, implican el desarrollo y adquisición de tecnología especializada, su mantenimiento y expertos que aprovechen en toda su potencialidad esta tecnología para los fines institucionales.

Y sin importar el tipo de elección de que se trate, en cada ocasión se detonan todos los procedimientos y actividades con los que el modelo electoral ha pretendido –y logrado hasta cierto punto– evitar el fraude electoral, al menos aquel relacionado con la manipulación de los resultados y las etapas de la organización electoral. Como es obvio, estas actividades y procedimientos, por su alcance, por su tamaño, por la complejidad tecnológica implicada, o por las condiciones en las que se desarrollan, tienen costos económicos.

Porque sí, cuesta mucho dinero instalar miles de casillas para acercar la votación al ciudadano y garantizar que todos puedan votar a la vuelta de su casa; también es muy caro capacitar a cientos de miles de ciudadanos sorteados para que sean nuestros vecinos quienes reciban y cuenten los votos, porque no confiamos en nadie más; igualmente caro es desarrollar un sistema para monitorear todas las señales de radio y televisión del país y detectar propaganda ilegal, o instrumentar la votación desde el extranjero por la vía postal, o verificar cada firma y la autenticidad de millones de apoyos ciudadanos presentados para obtener una candidatura independiente o promover una consulta popular.

La lista es enorme: el papel seguridad, el marcador, la tinta, la mampara… Cada cosa suma, pero cada una de estas actividades y sus controles tiene una razón de ser: garantizar el derecho de todos los ciudadanos a votar y a ser votados, condiciones de equidad e imparcialidad en los procesos electivos, transparencia en los resultados electorales, derecho a la identidad y a su no suplantación, sistema de partidos con amplias prerrogativas y garantías, participación ciudadana, fomento de la cultura democrática, etc.

Nada de esta lista es sacrificable, así es que el INE, que ya había presentado el proyecto de presupuesto más bajo de su historia y a pesar de eso fue recortado en el momento de su aprobación por el Congreso de la Unión,3 deberá echar mano de toda su creatividad y experiencia para cumplir con el cúmulo de procedimientos que le impone la ley, con los controles y las complejidades antes dichos, para asegurar en conjunto con los OPLE, una vez más, la celebración de elecciones libres en seis entidades del país.

Es cierto que es posible y deseable simplificar el modelo electoral, hacerlo menos costoso, con ciertos ajustes precisos a la ley, echando mano de la tecnología y sin sacrificar seguridad, transparencia ni funcionalidad. Pero mientras eso ocurre, si llega a suceder, es nodal que el INE cuente con los insumos mínimos básicos necesarios para cumplir con su mandato. Asfixiar presupuestalmente a una institución que año con año entrega buenas cuentas al país entero, que se encarga ni más ni menos que de dirimir las diferencias políticas por la vía de las urnas, es una medida temeraria que efectivamente puede costarnos muy cara.

* Coordinadora de asesores del secretario ejecutivo del INE. La autora agradece a Rodrigo Bengochea, Libia Márquez y Carlos Morales por su apoyo para este artículo.
1 El Instituto Federal Electoral organizó, en sus más de veinte años de vida, 23 elecciones federales.
2 Una vez que se nombre al gobernador interino se convocará formalmente a la elección.
3 El presupuesto para el financiamiento público a los partidos políticos no fue modificado, por lo que contarán con sus prerrogativas intocadas.
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