Jueves 26 de abril de 2018

Al buen entendedor…

Intervención del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, en la entrega de solicitud de registro de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, auditorio del INE, 16 de marzo de 2018.

Estamos en el periodo para el registro de las candidaturas de quienes contenderán por un cargo de representación en el proceso más grande de nuestra historia democrática.

En este periodo de registro, que concluirá el próximo 18 de marzo, los partidos y coaliciones, así como las y los aspirantes independientes a un cargo de elección, deberán entregar los documentos con los que acrediten que han cumplido con todos y cada uno de los requisitos que marcan la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

Debo subrayar que para la incorporación de los candidatos a la boleta es necesario que cada uno haya cumplido con lo dispuesto por la ley y la normatividad en materia de fiscalización, por lo tanto, habrá que esperar los dictámenes sobre los ingresos y gastos de las precampañas que la Comisión de Fiscalización presente en su momento al Consejo General sobre quienes aspiran a la Presidencia de la República.

Para ello, conforme lo establecimos en los acuerdos del Consejo General, el próximo 29 de marzo se llevará a cabo una sesión especial para el registro de las candidaturas.

Agradezco a los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia la entrega que acaba de ocurrir de los documentos del registro de su aspirante a la Presidencia de la República. De cumplir con los requisitos, su candidato, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, podrá contender por el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos el próximo 1º de julio.

Permítanme plantear aquí una reflexión sobre el momento en el que se encuentran las contiendas electorales. Estamos inmersos en un intenso proceso electoral, el más grande, como decía, de nuestra historia para renovar pacífica e institucionalmente los Poderes de la República.

Justo porque se trata de una renovación pacífica prevista por las leyes, estamos ante un procedimiento que forma parte de nuestro andamiaje democrático, y en el que la jornada electoral no es un punto final.

El 2 de julio la vida en nuestro país continuará gane quien gane. Las y los trabajadores irán a sus empleos, las y los empresarios continuarán con sus negocios y las familias seguiremos con nuestras rutinas.

Para que ello sea así, el respeto a las reglas es una condición necesaria para que la democracia cumpla su función civilizatoria.

En los últimos 30 años hemos construido un sistema electoral robusto que goza del reconocimiento internacional; no obstante, que una elección llegue a buen puerto y cumpla su función de ser el cauce institucional mediante el cual las diferencias políticas se procesan de manera pacífica, depende de que todos los actores públicos y privados nos apeguemos a las reglas democráticas que nos hemos dado. La recreación de la democracia supone el cumplimiento de una serie de responsabilidades compartidas.

La autoridad electoral debe cumplir con su mandato de organizar las elecciones y de resolver las disputas que se presenten con apego a la ley, con certeza en su actuación, generando información clara, confiable y oportuna. Por ello, el INE desplegará su experiencia institucional para que estas sean las elecciones más fiscalizadas de la historia.

Solo así podremos cumplir con la finalidad de ser un ancla fundamental de la estabilidad política, como lo supone nuestro mandato constitucional. De los partidos, candidatas y candidatos se espera que se apeguen a las normas y cumplan con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas y, por supuesto, esto significa que tienen la obligación de apegarse a las disposiciones vigentes en materia de fiscalización.

Ello, además de desplegar campañas electorales tan ríspidas como sean necesarias, pero tan sustantivas como sea posible. Con propuestas que atiendan los grandes desafíos que enfrenta nuestro país. Desafíos que, por cierto, seguirán ahí el 2 de julio.

Los gobiernos, por su parte, deben cumplir con la obligación constitucional de mantener imparcialidad en su actuación y en el uso de los recursos a su cargo. Las autoridades y servidores públicos, federales, locales y municipales, deben abstenerse invariablemente de intervenir en la contienda electoral.

Estoy absolutamente convencido de que el pluralismo político que hoy cruza todo el territorio nacional y la creciente competitividad de los comicios generada por la instrumentación del Sistema Nacional de Elecciones son síntomas de una democracia cada vez más fortalecida.

Ello implica que en México, como en cualquier sistema democrático, no haya ganadores ni perdedores predeterminados y que quien gana y pierde en las urnas no lo haga de una vez y para siempre.

Los triunfos electorales se obtienen en las urnas y los otorgan las y los votantes de las casillas. El futuro político de nuestro país dependerá de la capacidad de todos de contribuir a la cohesión social y a la construcción de consensos.

De nuestra parte, las consejeras y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral reiteramos que esta autoridad será absolutamente imparcial y que contribuirá con el mandato de arbitrar las contiendas electorales sin filias ni fobias, para garantizar equidad en todas las elecciones.

error: Content is protected !!