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domingo 16 de junio de 2019

Ahí están los datos

Paula Ramírez Höhne*

El tratamiento a la infancia y la juventud está cambiando de paradigma en nuestro país. Hace todavía muy poco, era no sólo común sino también socialmente aceptada la disciplina violenta en el entorno familiar (e incluso escolar); los golpes con cinturón para castigar, la chancla, el reglazo, el zape, así como los gritos, insultos y humillaciones, eran todas prácticas justificables y públicas. Aunque son conductas aún presentes en la convivencia con los menores –de acuerdo con datos de la UNICEF “la disciplina violenta en casa es la más común forma de violencia que experimentan los niños”–,1 pareciera existir una nueva consciencia social respecto del tratamiento que debe dárseles, no sólo en el contexto familiar sino también en los ámbitos de su vida pública.

En México contamos con diversos dispositivos legales que protegen los derechos de la infancia y la juventud, tanto en instrumentos internacionales que nos son vinculantes como en nuestras propias normas, desde la Constitución y las leyes. Tristemente, los avances en este tema todavía dejan mucho que desear. Uno de los problemas para implementar políticas, definir presupuesto y ejecutar programas en favor de la niñez, es la carencia de información, pues no se cuenta con datos desagregados y sistemáticos2 sobre las situciones que padecen, como el maltrato que sufren en los distintos ámbitos de su vida. En este contexto, la Consulta Infantil y Juvenil 2018 (CIJ 2018) realizada por el Instituto Nacional Electoral, con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ofrece un insumo de gran valor para conocer y comprender la percepción de los niños acerca de su vida cotidiana desde una perspectiva de igualdad de género y respeto a los derechos humanos.

La Consulta tiene dos grandes virtudes: ofrece un panorama de la opinión de los niños, niñas y adolescentes (de entre 6 y 17 años) en torno a su circunstancia de género, la cual como se sabe, afecta de manera trasversal todas las esferas de su vida pública y privada; y por otro lado, el ejercicio es en sí mismo valioso, pues constituye un espacio genuino e inclusivo de participación y práctica democráctica para un sector de la población (la infancia y la juventud), cuya opinión casi nunca es tomada en cuenta.

La Consulta Infantil y Juvenil 2018 organizada por el INE logró la participación de más de 5 millones y medio de niñas, niños y adolescentes, la más alta registrada en un ejercicio de esta naturaleza en nuestro país.3 Aunque en el diseño metodológico de la consulta no se establece de manera explícita que el ejercicio tiene algún nivel de representatividad estadística, la participación fue tan significativa (cerca del 15% del total de los menores de edad que viven en el país4) que sin duda ofrece un panorama cierto sobre lo que opinan las niñas, niños y adolescentes mexicanos acerca de la igualdad de género y el respeto a sus derechos humanos en su convivencia cotidiana.

Las consultas constituyen un mecanismo de participación social que ha sido empleado en las democracias del mundo entero. En general, se consulta a la población mayor de edad para la toma de decisiones sobre temas que son trascendentales para la comunidad y que por principio son polémicos. De manera que las consultas son un instrumento de participación directa para involucrar a la sociedad en la definición de los asuntos públicos que le incumben. Si bien deberían existir mecanismos de participación infantil y juvenil cotidianos en sus entornos escolares y comunitarios, a través de los cuales pudieran incidir en las decisiones que les afectan directamente, lo cierto es que los esfuerzos realizados en nuestro país para garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes de “ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”,5 están todavía lejos de ser óptimos. Existe, por ejemplo, la figura de los consejos escolares para la educación básica, pero en ésta no se contempla la participación de los estudiantes en activo, sino sólo la de autoridades educativas, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil, exestudiantes, maestros, directivos y representantes.6

Ante la carencia de mecanismos de participación cotidianos para niñas, niños y adolescentes, las consultas infantiles organizadas por la autoridad electoral no sólo constituyen un ejercicio de cultura cívica ejemplar; también sus resultados son de un valor inconmesurable para la implementación de políticas públicas y acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los menores en México. Desdeñar o ignorar los datos que arrojó la CIJ 2018, sobre todo considerando la alta participación obtenida (aunque no tenga representatividad estadística), sería un acto de profunda irresponsabilidad.

Las consultas infantiles que ha organizado el ine (antes IFE) son distintas de las consultas ciudadanas o populares, por varias razones. Empezando porque la consulta infantil no tiene el propósito de conocer la opinión de las niñas, niños y adolescentes sobre algún tema que requiera definición de manera binaria (preferencia sobre esto a aquello), sino el de comprender cómo perciben su entorno, su convivencia cotidiana, el trato al que están sujetos, sus preocupaciones, estereotipos y miedos. A diferencia de las consultas ciudadanas, las infantiles no pretenden que los niños tomen las decisiones para transformar su realidad, pero sí revelar su percepción para que los adultos asuman esa responsabilidad con conocimiento real de los problemas que enfrentan los menores de edad (desde el punto de vista de los directamente afectados, ni más ni menos).

Las consultas infantiles también tienen el propósito de familiarizar a la infancia y a la juventud con las prácticas democráticas de participación; por ello es acertada la decisión de su instrumentación basada en la confianza: no hay listados nominales de menores de edad para garantizar que no se participe más de una vez, ni tampoco excéntricos mecanismos de seguridad para que las boletas o cualquier otra documentación no sea alterada. De hecho, en la CIJ 2018, el INE innovó en implementar la participación por la vía electrónica, para el acceso libre a través de una aplicación digital diseñada ex profeso para este propósito, cosa que sería impensable en una consulta ciudadana, ya no digamos en una elección constitucional, que en nuestro país son más bien ejercicios democráticos construidos sobre la base de la corrosiva y profunda desconfianza.

La CIJ 2018 fue un ejercicio exitoso desde todo punto de vista: en un despliegue nacional al estilo INE (es decir, de gran magnitud y con altos estándares de calidad), se instalaron 21 088 casillas que fueron atendidas, a lo largo de nueve días, por 24 079 voluntarios en escuelas, espacios públicos y Módulos de Atención Ciudadana del INE, desconcentrados en todo el territorio nacional. Fue un ejercicio incluyente, pues se contó con casillas itinerantes que acudieron a hospitales, albergues y otros espacios desde donde, de otro modo, hubiera sido imposible para los menores participar; se diseñaron boletas en lenguas mixe, mixteca, náhuatl, otomí y tlapaneca; se instalaron casillas para la población migrante en entidades estratégicas, además de que se distribuyeron miles de mascarillas del sistema Braille.

En suma, se trató de un trabajo cuyos resultados merecen la atención de todos los sectores de la sociedad, especialmente del gobierno y las instituciones del Estado mexicano, pues reflejan la visión de ese sector de la población que es el más vulnerable, que está más expuesto a los abusos, y que (verdad de Perogrullo) constituye el futuro de nuestra nación.

El INE hizo entrega oficial de los resultados de la cij 2018 a la Legislatura actual, así como al Ejecutivo Federal a través de la titular de la Secretaría de Gobernación, en atención al objetivo establecido en el diseño mismo de la Consulta:

Generar un espacio de participación y reflexión sobre aspectos relacionados con la perspectiva de género en la vida cotidiana, cuyos resultados sirvan como insumo para detonar acciones impulsadas por el Estado Mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a la igualdad de género en nuestro país desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.7

Es incuestionable que la comunidad que no se ocupa de la atención a la infancia y a la juventud está trágicamente destinada a su autodestrucción; no obstante, las niñas y los niños siguen siendo la población más vulnerable y abusada del planeta. Hay una suerte de contradicción, de dramática ambivalencia en el tratamiento que se le ha dado a la infancia y a la juventud: existe un claro consenso social respecto de la primacía de sus derechos y sobre la idea de que de su cuidado, de su adecuado desarrollo, depende el futuro de la comunidad; sin embargo, los esfuerzos destinados a garantizar los derechos de la infancia son siempre insuficientes; otras prioridades ocupan los mayores recursos, atención y energías.

El maltrato infantil en el entorno familiar es un ejemplo elocuente de esta paradójica realidad: según la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) de 2015 de la UNICEF México, “en el país seis de cada 10 niñas, niños y adolescentes de uno a 14 años experimentaron algún método violento de disciplina, y uno de cada dos niñas, niños y adolescentes sufrió alguna agresión psicológica”;8 no obstante, señala el mismo reporte, “existen datos que indican que los adultos no aprueban los castigos físicos como métodos disciplinarios (sólo es un 5% de los adultos entrevistados el que considera que los niños necesitan ser castigados físicamente)”.9

Los resultados que arroja la CIJ 2018 coinciden en apuntar que la disciplina violenta sigue siendo un método empleado en las familias mexicanas, principalmente sobre los menores de 6 a 9 años que participaron en la consulta, 59.3% de los cuales opinaron que el maltrato y la violencia que experimentan ocurre en su casa. En el tema del maltrato y la violencia, la percepción de las niñas, niños y adolescentes nos muestran también otras tristes realidades: por ejemplo, los resultados revelan que en el caso de la población de 10 a 13 años, la mayoría considera que el lugar donde sufren mayor maltrato y violencia es en la escuela por parte de amigas y amigos, y en el caso de los adolescentes, manifestaron recibir comparativamente más violencia en otros espacios, como la calle, internet o en el trabajo. Llaman la atención los resultados arrojados por la CIJ 2018 en lo que se refiere a la percepción del grupo de personas que se identificaron con otra identidad de género (es decir, no como niña o niño), y que resultaron ser quienes opinaron sufrir mayor discriminación –por mucho– que el resto, en todos los ámbitos de su vida (familia, escuela, trabajo).

También hay datos alentadores, como la percepción acerca de los roles de género en la convivencia cotidiana, que pareciera ser cada vez más igualitaria entre los menores.10 Considerando que el eje central de la protección infantil y juvenil reside en reconocerlos (y reconocerse) como titulares de derechos, el hecho mismo de que los menores sean conscientes de la existencia de distintos tipos de maltrato (físico, verbal, psicológico, sexual) y de que tienen el derecho de manifestarlo, constituye un gran avance. Como éstos, la CIJ 2018 ofrece una multitud de datos valiosos para entender y atender a la población infantil y juvenil de nuestro país.

No se puede dejar de reconocer que hay avances importantes y que estamos viviendo un cambio de paradigma en el tratamiento de la infancia y la juventud; sin embargo, el camino por recorrer es aún largo y doloroso. Que no quede en un informe olvidado, que los poderes públicos no guarden en un cajón bajo llave el sentir de nuestras niñas, niños y adolescentes, que la experiencia de participación de millones de menores tenga un efecto que les demuestre que vale la pena participar, que su voz importa para transformar su realidad. Ahí están los datos para actuar.

* Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con maestría en Sociología.
1 UNICEF (2017), Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (Multiple Indicator Cluster Surveys, mics), Datos sobre Disciplina Violenta en el mundo, disponible en <https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/violent-discipline/>.
2 UNICEF (2018), “El derecho a la protección. Violencia contra niñas y niños”, en Los derechos de la infancia y la adolescencia en México, disponible en <https://www.unicef.org/mexico/spanish/SITAN-UNICEF2018.pdf>.
3 De acuerdo con datos del INE, el número de niñas, niños y adolescentes que han participado en consultas infantiles nacionales ha sido el siguiente: 3’709,704 en 1997; 3’996,067 en 2000; 3’095,340 en 2003; 2’995,104 en 2006; 2’699,993 en 2009; 2’491,361 en 2012; 2’916,686 en 2015, y 5’671,384 en 2018. Fuente: Consulta Infantil y Juvenil 2018. Reporte de Resultados, disponible en <https://centralelectoral.ine.mx/2019/04/26/consulta-reporte-resultados-la-consulta-infantil-juvenil-2018/>.
4 Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México viven 39.2 millones de personas de 0 a 17 años de edad. Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
5 Artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).
6 UNICEF (2018), “El derecho a la participación”, en Los derechos de la infancia y la adolescencia en México, disponible en <https://www.unicef.org/mexico/spanish/SITAN-UNICEF2018.pdf>.
7 Consulta Infantil y Juvenil 2018. Reporte de Resultados, disponible en <https://centralelectoral.ine.mx/2019/04/26/consulta-reporte-resultados-la-consulta-infantil-juvenil-2018/>.
8 UNICEF (2018), “El derecho a la participación. Violencia contra niñas y niños”, en Los derechos de la infancia y la adolescencia en México, disponible en <https://www.unicef.org/mexico/spanish/SITAN-UNICEF2018.pdf>.
9 Instituto Nacional de Salud Pública-UNICEF (2015), Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, México, disponible en <https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_ENIM2015.pdf>.
10 En esto hay diferencias significativas según el grupo etario y el tipo de familia a la que pertenecen los menores. Naturalmente, los resultados que arroja la CIJ 2018 ameritan análisis detallados que consideren las distintas variables empleadas.

 

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