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sábado 24 de agosto de 2019

22 razones

Yuri Beltrán*

De cara al debate sobre la reforma electoral, preguntamos 

a las y los presidentes de los 32 ople la razón de su permanencia. 

Aquí las respuestas de 22 de ellos.

 

Luis Fernando Landeros Ortiz 

Aguascalientes

Tras las iniciativas presentadas que pretenden reformar el sistema electoral, cuya parte medular implica la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), se han esgrimido como argumentos principales: el ahorro que significaría en estos tiempos de austeridad y la duplicidad de funciones que impera en este sistema híbrido, donde coexisten el INE y los OPLE.

Este sistema –en su estilo barroco– no es perfecto, sin embargo es el que nos funciona en la realidad que vivimos. Precisamente se ha ido construyendo de esa manera para atender la problemática de una idiosincrasia muy mexicana, producto de nuestra historia, de revueltas sociales, de un partido hegemónico y un arraigado pensamiento que postula “hecha la ley, hecha la trampa”, con profundas y sustanciales aportaciones desde lo local, entre otros ingredientes.

Anticipo que la reforma puede resultar necesaria, siempre y cuando no tenga el carácter de regresiva, es decir, que las conquistas alcanzadas en el mejoramiento de los procesos electorales no se sometan a capricho. Y desde ya lo afirmo: debe contener una dosis de autocrítica de los involucrados en la materia (autoridades, partidos, legisladores, etc.) para que no resulte, como las más recientes reformas, producto de peticiones hechas por quien en su momento perdió la elección, concedidas por quien entonces la ganó.

Si el argumento será el dispendio de recursos, baste mencionar que las elecciones, como las tenemos delineadas, requieren de una estructura subnacional que ni la versión del INE más habilidoso podría enfrentar, pues su robusto diseño estructural centralizado no le permitiría atender las problemáticas locales, que demandan cierta agilidad desconcentrada. A simple vista, lo que la autoridad nacional requeriría tras la desaparición de las instituciones locales es, paradójicamente, la construcción de una nueva arquitectura que la dotara de más funcionarios para dedicarse de manera específica a las cuestiones locales, echando por la borda cualquier potencial ahorro.

Es cierto que, por lo menos en Aguascalientes, el Instituto Estatal Electoral (IEE) recibió 132,143,000 pesos del erario para atender el proceso electoral que está a punto de concluir en octubre. Pero igual de cierto es que dicha cantidad incluye las prerrogativas otorgadas de manera legal a los partidos políticos en el ámbito local y que representan 51.8% de esa cifra. Es decir, el presupuesto del IEE fue de poco más de 63,630,000 pesos, cantidad equivalente a 0.24% del asignado al estado (cuando el promedio es 0.20%) y que, comparado con el ejercido en 2018, cuando hubo un proceso concurrente, disminuyó 23%. En conclusión, los procesos electorales en la entidad se van perfeccionando de forma natural, al tiempo que aumentan en calidad y disminuyen en costo.

Se ha desestimado el hecho de que defender la permanencia de los OPLE proviene de la misma estructura de quienes los integran, haciendo creer que es una situación limitada a una lucha por conservar el empleo. Quienes defienden la reforma con ese argumento olvidan que, en materia electoral, son constantes las adecuaciones tras los procesos electorales y que en más de una ocasión se ha propuesto centralizar la toma de decisiones.

Más allá de quiénes sean los que proponen la permanencia o no de las autoridades locales, el momento histórico obliga a razonar la decisión con el fundamento de la verdad en los datos, con una profunda evaluación del desempeño de las autoridades y una voluntad legislativa a toda prueba de que el cuerpo normativo, producto de la reforma, tenga el sustento de beneficiar al sistema electoral mexicano. Un parche mal pegado parece el peor de los escenarios en este momento, cuando la confección que se requiere es un verdadero traje de luces.

Rebeca Barrera Amador 

Baja California Sur

El Instituto Estatal Electoral inició sus trabajos en 1997, es decir, lleva 22 años contribuyendo al desarrollo de la democracia local. Durante este tiempo, la experiencia ha sido nuestra principal carta de recomendación para fortalecer la institucionalidad.

Baja California Sur presenta condiciones particulares e importantes que se deben destacar: según datos del INEGI, cuenta con 712,029 habitantes; territorialmente es el noveno estado más extenso y el menos densamente poblado, con 10 personas por kilómetro cuadrado, a diferencia de la Ciudad de México, con 5,967. El padrón electoral se compone de 521,934 ciudadanos.

La infraestructura se centra en la carretera transpeninsular, la cual corre de sur a norte por toda la entidad. Asimismo, cuenta con aeropuertos locales en las ciudades de La Paz, Cabo San Lucas y Santa Rosalía e internacionales en San José del Cabo y Loreto. Es la única entidad que no está conectada a la red eléctrica del país, ya que genera su propia energía.

Respecto a la geografía electoral, Baja California Sur se divide en 16 distritos electorales, el Congreso local se integra por 21 diputados, 16 de mayoría y cinco de representación proporcional; en los ayuntamientos, la elección se lleva a cabo por planilla, el cargo de presidente, síndico y el número de regidores varía según el municipio, así como del titular del Ejecutivo del estado.

Los órganos electorales locales se han dedicado, además de organizar las elecciones de forma periódica (desde 1997, el Instituto realizó siete procesos), a construir ciudadanía, fortalecer el sistema de partidos, profesionalizar funcionarios electorales, sistematizar procedimientos y consolidar relaciones interinstitucionales para alcanzar sus metas, entre otras actividades.

Asimismo, las autoridades electorales son garantes de la transición pacífica del poder, donde la historia ha dejado ver alternancias; ello se asegura cumpliendo los principios rectores con imparcialidad, profesionalismo, autonomía e independencia en el ejercicio de las funciones respecto a los poderes públicos locales; también se ha reflejado en la libertad que ha nutrido los acuerdos y lineamientos emanados desde el pleno de los consejos generales de cada ente. Un ejemplo muy palpable y trascendente –que sin duda ha contribuido al fortalecimiento de la democracia desde el ámbito local– es la paridad de género en su dimensión vertical y horizontal.

Al ejercer dicha autonomía durante las elecciones de 2015 y 2018, el Instituto emitió lineamientos para hacer efectivo el principio constitucional de paridad de género en el registro de candidaturas, tras lo cual las mujeres ocuparían, por primera ocasión, el más alto porcentaje de representación en los congresos y ayuntamientos.

Respecto al presupuesto institucional, he de señalar que éste se divide en tres capítulos: 1. Prerrogativas de partidos políticos, 2. Gasto ordinario y 3. Gasto de procesos electorales.

Finalmente, los censos realizados de 1921 a 2010, así como la Encuesta Intercensal de 2015, muestran un crecimiento constante en la población del estado. El índice migratorio es de los más altos del país, con presencia de personas de distintas regiones, quienes llegan a radicar a la entidad. Lo anterior deriva en una diversidad cultural de características únicas.

Existen temas pendientes, sobre los cuales trabaja la Institución: fortalecer la inclusión de los grupos minoritarios en la participación política, divulgar los mecanismos de colaboración ciudadana a fin de incrementar su involucramiento, capacitar a la sociedad civil en temas de relevancia y trascendencia. Adicionalmente a las elecciones ordinarias, sería interesante y beneficioso para la entidad que se permitiera, desde la norma, que el IEE participara en otro tipo de democracias locales, como elecciones de delegaciones, subdelegaciones y sindicatos, entre otros; que de cara al futuro se analizaran experiencias exitosas de voto electrónico y se consolidaran acciones para la profesionalización institucional, todo ello con la convicción de que somos un organismo que vela por los derechos político-electorales y que contribuye al desarrollo democrático de Baja California Sur.

Mario Velázquez Miranda 

Ciudad de México

Durante las últimas semanas, un tema que ha venido cobrando relevancia en el debate público es el concerniente a una nueva reforma constitucional en materia electoral, la cual daría lugar, entre otros cambios, a la desaparición de los ahora denominados Organismos Públicos Locales Electorales. Dicho escenario resulta ideal para visibilizar la importancia de las instituciones electorales locales, más allá de pretender una defensa de éstas, sólo como una valiosa oportunidad para conocer la razón de su existencia, su contribución al actual sistema nacional de elecciones y al desarrollo democrático, en particular en la Ciudad de México.

En la concepción federalista del Estado mexicano, es menester recordar que en la ciudad capital uno de los reclamos más airados a lo largo de más de veinte años de transición democrática ha sido establecer instituciones propias que permitan la configuración autónoma de su gobierno, modificando la concepción originaria de dependencia de los poderes federales y, en estrecho vínculo con esto, el reconocimiento de los derechos ciudadanos de votar y ser votados para determinar la integración de sus órganos de representación y de gobierno.

En este sentido, a partir de 1999 se configuró en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, un sistema electoral propio, adecuado a las características geográficas, sociales, políticas y culturales de nuestra entidad, conformado por la autoridad administrativa y la jurisdiccional electoral, para las cuales se determinó que deberían integrarse por un cuerpo de servidores públicos especializados, dotados de los conocimientos apropiados y suficientes para atender de manera efectiva no sólo los procesos electorales, sino además todo lo concerniente a los diversos instrumentos de participación ciudadana contenidos en los ordenamientos emitidos por la legislatura local.

Al respecto, no podemos pasar por alto que esta natural diversidad de nuestra entidad da lugar a una regulación sumamente diferenciada de la materia electoral federal, en temas esenciales como las candidaturas independientes, el registro y la regulación en torno a los partidos locales, la construcción de alianzas políticas y frentes, los cómputos, las fórmulas de asignación de espacios en los poderes legislativos o en los ayuntamientos y los registros de candidatos, entre muchos otros, por lo que un conocimiento superficial de la legislación local puede dar lugar a múltiples errores en estas materias; posibilidad que sin duda irá en aumento si se impone a un solo cuerpo de funcionarios la responsabilidad de llevar a cabo su aplicación de manera simultánea a las tareas concernientes al ámbito federal.

Por otra parte, pretender una regulación única sin dar cuenta de estas naturales diferencias llevaría necesariamente a la afectación de la calidad de nuestra democracia, dado que, a mi juicio, esta reforma debilitaría las posibilidades de combatir el fenómeno de la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones de la democracia representativa; el cual han reconocido expertos y órganos nacionales e internacionales especializados en la materia. Dado que, en los hechos, se estaría yendo en sentido contrario a lo recomendado para atender este problema, que en esencia es construir una democracia de proximidad, donde se otorgue una mayor importancia al ámbito local mediante el reforzamiento de procesos que faciliten la cooperación e incorporación de la ciudadanía al formular y operar las políticas públicas. La Constitución Política de la Ciudad de México establece la democracia participativa como un derecho fundamental de quienes habitamos esta entidad e incorpora en sus mandatos diversos mecanismos e instrumentos de participación ciudadana. Como aquellos que empezaron a organizarse a partir de 1999 y han generado una mayor participación no sólo en los instrumentos de democracia participativa, sino incluso en los procesos electorales, donde se han alcanzado niveles mayores al promedio nacional, como ocurrió en el pasado proceso electoral 2017-2018, en los que participó 70.44% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

La referida democracia de proximidad, en el caso de la ciudad capital, también se ve reforzada con las diferentes actividades y acciones de las autoridades electorales locales en materia de cultura cívica que, sin duda, tienen como propósito una mejor convivencia social y una mayor integración de los personas más jóvenes a la vida democrática de su ciudad. Así lo constatan, entre otros, programas como el de la Ludoteca Cívico Infantil (LUCI), que se ha reconocido ampliamente por promover los valores cívicos y democráticos en nuestra población, sobre todo en los niños; el programa “Ciudad Kve”, que permitió a los menores de edad participar de forma activa en el pasado proceso electoral, (cómo olvidar las entrevistas que efectuaron a los candidatos a la jefatura de gobierno).

En el caso específico de la profesionalización de la autoridad electoral, es de recordar que, desde su origen, el Instituto Electoral Local instauró el Servicio Profesional de Carrera, el cual incorpora tanto a personal directivo como técnico y operativo, y no sólo ha garantizado los diferentes procesos democráticos organizados en la capital desde hace veinte años, brindando legalidad, certeza y confianza al electorado, sino que ha trabajado bajo los más estrictos estándares de calidad. Esto se refleja en el ambiente pacífico que imperó en las múltiples jornadas electivas y consultivas llevadas a cabo en nuestro territorio, así como en la ausencia de elecciones anuladas.

 La experiencia, profesionalismo y compromiso con los principios democráticos en el desempeño de la labor del IECM se manifiestan lo mismo en la organización de procesos electorales, que en la de ejercicios de participación ciudadana, reconocidos hoy en día como un derecho de los capitalinos en la Constitución Política local. Prueba de estos últimos son las Consultas Ciudadanas sobre Presupuesto Participativo, celebradas año con año, y las elecciones de integrantes de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, que se efectúan cada tres años desde 2010.

La eficacia en el trabajo del IECM está respalda incluso desde 2016 por la norma internacional ISO 17582:2014, mejor conocida como ISO Electoral, que es un instrumento de calidad internacional desarrollado por expertos de todo el mundo y por diversos organismos especializados como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, cuyo objetivo es certificar que este tipo de entidades realicen los procesos electorales apegados a estándares y buenas prácticas internacionales.

El IECM es el único organismo electoral que cuenta con esta certificación en todo el país. Su reconocimiento es tal que, en junio pasado, integrantes de la Comisión A de la Cámara de Representantes de la Provincia de la Región Especial de la Ciudad de Yakarta, Indonesia –donde se registraron diversos conflictos durante el desarrollo de sus comicios de este año– sostuvieron una reunión con miembros de nuestro Consejo General, esto para conocer las diversas etapas en la organización del proceso electoral capitalino y las acciones permanentes desarrolladas a fin de fortalecer la democracia en la ciudad, al considerarlo como un referente en la materia en todo el mundo.

En suma, desde mi perspectiva, la desaparición de los OPLE resultaría grave para nuestro sistema político, no sólo por los riesgos en los principios de certeza, objetividad y seguridad jurídica que devendrían de la concentración de competencias locales y nacionales en una sola autoridad, sino porque se ampliaría una brecha entre autoridades y ciudadanos, cuyos efectos perniciosos, sin duda, se sentirían con más fuerza en la democracia local; de tal manera, serían mucho más las pérdidas que el improbable ahorro de recursos públicos, como señala el principal argumento de la reforma electoral que se ha planteado.

Oswaldo Chacón Rojas

Chiapas

La idea de desbaratar los OPLE sustentada en un principio de austeridad debe analizarse a profundidad. La propuesta de guardar más de 9,300 millones de pesos otorgados a estos organismos en 2019 es extraordinariamente hechicera; sin embargo, lo que es efectivo y tiene valor práctico es que de éstos, más de 4,000 corresponden a prerrogativas de partidos políticos, dejando sólo 4,500 millones a los OPLE para realizar sus funciones. Si a ello le restamos los casi 800 millones utilizados en las elecciones de este año y los casi 2,400 del pago al personal de los OPLE, éstos se quedan operando con poco más de 1,300 millones de pesos. Dicho en otras palabras, en 2019 cada mexicano invirtió en árbitros imparciales y consolidación de su democracia alrededor de doce pesos.

Valdría la pena echar la mirada hacia atrás y recordar algunas de las tareas que realizan los OPLE en año electoral y no electoral: Promueven la cultura democrática de manera permanente bajo los ejes rectores de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) e impulsan la participación de la ciudadanía. Asimismo, organizan  procesos electorales locales por sistema de partidos políticos, para ello se realizan actividades como el registro de candidaturas, donde se verifica el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los candidatos, se registran coaliciones y candidaturas comunes, etc., así como el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, que se implementa por medio de los funcionarios de los consejos distritales y municipales (en adelante ODES).1

Otra actividades fundamental es el seguimiento a la jornada electoral, donde los OPLE, mediante el Consejo General, ODES, capacitadores electorales y auxiliares, resuelven cualquier situación de emergencia que ocurra durante alguna de las etapas de la jornada. Además, implementar mecanismos oportunos de recolección tiene especial relevancia, porque la coordinación y realización hecha desde los ODES brinda más seguridad en el traslado de los paquetes electorales, facilita al funcionario de casilla el traslado de sus paquetes con el apoyo de un vehículo y agiliza la llegada de los paquetes electorales a los consejos municipales y distritales.

Organizar los procesos también incluye, como actividad sustancial, el resguardo de paquetes y materiales electorales, para ello se habilitan espacios idóneos en cada uno de los ODES y se evita la saturación de paquetes en las bodegas electorales, facilitando su manejo para las labores de cómputo. Las tareas anteriores conllevan la oportuna generación de resultados que, aunque comienza en las casillas electorales, se completa con la operación del PREP, el cual inicia su trabajo prontamente con la llegada de los paquetes electorales a los ODES. Por su parte, la seguridad e inmediatez de los cómputos, se logra al llevarlos a cabo de manera simultánea en los ODES y garantiza la observancia de aclarar los resultados en aquellos paquetes que ameritan su revisión, al tiempo que se dota a la ciudadanía de mayor certeza.

La oganización de procesos electorales locales por sistemas normativos internos es, asimismo, una actividad que efectúan los OPLE y que resulta sumamente cercana a la ciudadanía, pues se atienden sus necesidades y voluntades, y se garantiza el pleno respeto a la libre autodeterminación de los pueblos originarios, exigencia cada vez más requerida por ellos; basta con voltear a ver estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde se ha instalado con éxito este sistema.

¿Autoritarismo o democracia? La estructura material, humana y financiera actual del INE no sería suficiente para absorber todas las elecciones locales celebradas en este país; esto no se solucionaría con “pocos ajustes”, por el contrario, tendría que establecerse una estructura similar a la de los OPLE, lo cual desembocaría en más gasto, más violencia, más incertidumbre, menos certeza y menos validez.

Nuestro país posee una democracia “desigual y combinada”, no se puede pretender homologar modelos puesto que cada estado atiende necesidades diferentes. Cierto es que nuestro sistema electoral mexicano resulta caro, sin embargo, existen áreas de oportunidad que no generan riesgos en la certidumbre de las elecciones e implicarían un gran ahorro. No se debe pensar en una austeridad autoritaria, pues las consecuencias podrían generar altos costos, sin ser precisamente monetarios.

Arturo Meraz González 

Chihuahua

A partir de 2014, la conformación del Sistema Nacional Electoral se pensó para lograr la eficiencia y estandarización de los procesos electorales en nuestro país y, como en todo nuevo sistema, la estabilidad asociada a su desempeño ha tenido que transcurrir por una serie de numerosos y desafiantes retos que, a la luz del tiempo y los resultados, delinean la visión de que el modelo ha reportado un balance positivo en la sinergia que la necesaria colaboración entre la autoridad nacional y las locales ha tenido que transitar en los últimos años.

En este trabajo conjunto no podemos dejar de tener presente la diversidad de elementos culturales, sociales, económicos y políticos que conforman el mosaico nacional. Es ahí donde resulta pertinente hacer una reflexión (histórica) para reconocer que nuestra democracia es producto de un entramado de iniciativas emergidas desde el interior de la República y que han encontrado eco en el sistema federal. La democracia mexicana se ha construido desde las localidades, desde los estados.

Destaco algunos ejemplos, el padrón y credencial para votar con fotografía surgió materialmente primero en Baja California; la urna electrónica, en Coahuila; el voto por internet, en la Ciudad de México, casos emblemáticos que sirven en la actualidad al sistema electoral nacional. También sobresalen: la garantía de paridad de género, los regímenes de sistemas normativos, la aplicación de instrumentos de participación ciudadana: referéndum y plebiscito. Simple y sencillamente, la alternancia gubernamental se gestó y cristalizó primero en lo local. La permanencia de los OPLE es vital para que exista democracia en el país.

La idea de otra reforma del Estado, una más, con la aparente intención de borrar todo lo que se ha construido hasta ahora, pero sobre todo con una visión centralista, bajo la simple premisa de que es costoso e ineficiente, resulta alarmante para el sistema electoral mexicano y la democracia misma.

Es cierto que la propia dinámica social implica la revisión de nuestro sistema democrático y es tarea obligatoria adaptarnos a la cambiante realidad que nos rodea, pero debe hacerse con una visión integral, que rescate lo valioso del sistema federal y aquello valioso del sistema local.

Todo sistema es perfectible y el de la materia que nos ocupa no es la excepción. Las áreas de oportunidad para lograr mayor eficiencia en nuestro diario quehacer y reducir los costos de la administración electoral es una encomienda posible, necesaria, pero no a costa de menospreciar la curva de aprendizaje, el trabajo, los buenos resultados y el nutrido aporte que desde el ámbito local han enriquecido a nuestro sistema democrático

Tenemos un gran reto, proteger lo bueno que se ha construido, evitar la tentación al retroceso, cuidar la diversidad que nos distingue como pueblo y, a la vez, nos une como país, que ésta sea blindada por un verdadero federalismo protector de nuestros derechos político-electorales.

Estamos para construir, con argumentos sólidos e indubitables, perspectivas y propuestas que nos den la oportunidad de visibilizar, que señalen la importancia de las competencias, el conocimiento y la cercanía con los ciudadanos de cada una de las entidades federativas, las cuales nos corresponde atender para seguir construyendo democracia.

Una reforma electoral nos ayudaría a fortalecer el sistema, sí, pero hablar de pasar una barredora cuando hay cosas que se han hecho muy bien, es volver al pasado. No se puede denostar la democracia local de esa manera.

Esperemos que los cambios que se proponen sean para perfeccionar el sistema electoral en nuestros estados y en todo el país. Por el bien de la democracia mexicana, #OPLESSí.

Gabriela María de León Farías

Coahuila

Pudiéramos pensar que la implementación del voto electrónico es un tema surgido en los últimos tiempos por el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información, pero no es así, ya que sus primeras manifestaciones aparecieron en nuestro país el siglo pasado.

La Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911, referida por múltiples autores como “Ley Madero”, contemplaba en su artículo 31 que la votación podría recogerse por medio de máquinas automáticas, siempre que se cumplieran algunos requisitos acordes con las tecnologías desarrolladas en la época. Posteriormente, las legislaciones electorales federales de 1918, 1946, 1951, 1973 y 1977 mantuvieron vigente la posibilidad de la recepción del voto de la ciudadanía mediante instrumentos tecnológicos.3

Sin embargo, décadas después se eliminó la opción de utilizar en México estos mecanismos en los procesos electorales, ya que tras las elecciones de 1985, y como resultado de impugnaciones y cuestionamientos de los partidos políticos de oposición, el entonces presidente De la Madrid abrió el debate sobre las normas que regían la legislación electoral, lo que dio como resultado la promulgación del Código Federal Electoral, aprobado en diciembre de 1986, mismo que anuló la posibilidad de utilizar insumos tecnológicos para recibir la votación en procesos electorales federales.

Coahuila ha sido un estado pionero en el desarrollo e implementación de sistemas electrónicos en los procesos electorales: el 16 de noviembre de 2001 se publicó la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual estableció en su artículo 171 que la votación podría recogerse por medio de instrumentos electrónicos o máquinas, cuyo modelo sería aprobado por el Consejo General del órgano electoral local, siempre que se garantizara la efectividad y secrecía del sufragio.

Así pues, desde 2002, el OPLE de Coahuila ha desarrollado cinco generaciones de urnas electrónicas, utilizadas con gran éxito en los procesos electorales constitucionales que a continuación se detallan:

  • a) Jornada electoral del 25 de septiembre de 2005, en la que se eligió gubernatura y diputaciones locales, también se integraron los 38 ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza. En este proceso electoral se llevó a cabo el sistema de votación electrónica en 40 casillas instaladas en diversos distritos de la entidad, captándose el voto de 13,196 ciudadanos, de una lista nominal de 24,115 electores en dichas casillas, lo que arrojo una participación de 54.72%.
  • b) Jornada electoral del 19 de octubre de 2008, mediante la cual se eligieron las diputaciones del Congreso del Estado de Coahuila. El sistema de votación electrónica captó el voto de 23,017 ciudadanos, de una lista nominal de 55,100 electores en dichas casillas, con una participación de 41.8%.
  • c) Jornada electoral del 18 de octubre de 2009. Elección de los 38 ayuntamientos de Coahuila. Se implementó el sistema de votación electrónica en 97 casillas instaladas en el estado, captándose el voto de 28,011 ciudadanos, de una lista nominal de 56,644 electores en dichas casillas, es decir, 49.45% de los electores.

No obstante el desarrollo y aplicación exitosa de la urna electrónica en Coahuila, el Código Electoral local publicado en 2016 omitió establecer la posibilidad de que la votación de los coahuilenses fuera recibida por medios electrónicos. Pese a ello, el Instituto Electoral del estado continuó desarrollando y utilizando esta tecnología en la organización de diversos procesos electorales con carácter vinculatorio, como elecciones estudiantiles y procesos internos de partidos políticos en varias entidades del país, así como consultas infantiles y juveniles.

El 28 de junio de 2019, bajo el argumento de ahorrar recursos materiales y humanos en la organización de los procesos electorales, así como crear sistemas de votación seguros y amigables con el medio ambiente, que además garantizaran certeza en los resultados y la secrecía del voto, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila –en uso de su facultad constitucional de presentar iniciativas ante el Congreso del Estado– aprobó remitir al legislativo una iniciativa de reforma con proyecto de decreto, mediante la cual se propone adicionar al Código Electoral local diversos artículos en materia de uso de sistemas tecnológicos, digitales o electrónicos en los procesos electorales, lo que abriría de nueva cuenta la posibilidad de que la votación de los coahuilenses se reciba mediante estos sistemas.

Lo expuesto en las líneas anteriores pone de manifiesto que los Institutos Electorales de las entidades federativas han hecho, y continúan realizando, importantes aportes al sistema de elecciones en México, lo que refrenda la necesidad de su permanencia, no sólo porque conocen a detalle los retos y necesidades de la política regional, sino también porque desde lo local han surgido grandes propuestas que contribuyen a la mejora de nuestro sistema democrático.

Nirvana Fabiola Rosales Ochoa

Colima

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en las entidades federativas las elecciones estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE); asimismo, señala que éstos ejercerán todas las funciones no reservadas al Instituto Nacional Electoral (INE) y las que determine la ley.

En este sentido y en el marco de la instrumentación y organización de procesos electorales, el Instituto Electoral del Estado de Colima ha celebrado desde 1991 diversos convenios de coordinación, en su momento, con el Instituto Federal Electoral y, a partir de 2014, con el INE. Desde la década de 1990 se establecen las bases de coordinación para implementar la “casilla única” en Colima, siendo ésta un referente de suma importancia en la reforma electoral de 2014 y un ejemplo de las diversas contribuciones que las prácticas locales han brindado al sistema electoral mexicano.

Dichos convenios han tenido como propósito fundamental definir la ejecución coordinada de tareas inherentes a la organización de los procesos electorales, donde se establecieron compromisos para ambas instituciones y se adoptó en todo momento el respeto y reconocimiento mutuo de las autonomías y atribuciones, también se ofreció a la ciudadanía un esfuerzo conjunto que eleva la calidad y eficacia de la democracia electoral en México.

En fechas recientes se ha sometido a discusión y análisis una serie de reformas que plantean la posibilidad de concentrar la organización de las elecciones en una sola autoridad administrativa electoral nacional, ante lo cual vale la pena tener a la vista que la organización de los procesos electorales no se relaciona únicamente con aspectos logísticos (integración de mesas directivas de casilla, ubicación de éstas, diseño y elaboración de materiales y documentación electoral, entre otras), los cuales se atienden en gran parte por medio de los convenios a los que se ha hecho referencia y, al mismo tiempo, permiten sentar las bases y la estructura gracias a procedimientos homogéneos a lo largo del país.

Si bien es factible contar con bases y estructura sólidas, esto no garantiza procesos electorales que faciliten la transición pacífica de los poderes; para ello se requiere cuidar aspectos sumamente sensibles, de naturaleza heterogénea y relacionados con el “arbitraje electoral”. Tarea que en los OPLE, a diferencia del INE, representa mayores retos al atender un sinfín de particularidades relacionadas con las condiciones socioculturales de la región, así como con la geografía local, la cual suele ser muy diferente a la federal. En el caso de Colima, existen dos distritos federales y 16 locales.

El arbitraje electoral local corre a cargo de los Consejos Generales, Municipales y Distritales de los OPLE (de acuerdo con la estructura de cada IEE), comprende tareas como resolver sobre el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos políticos estatales; determinar los convenios de coalición, fusión y frente que celebren los partidos políticos; garantizar y vigilar que las actividades y prerrogativas de éstos y, en su caso, de las candidaturas independientes, se desarrollen con apego a la norma; investigar por medios legales pertinentes todos los hechos relacionados dentro y fuera del proceso electoral de los partidos políticos, las candidaturas independientes, la ciudadanía o de autoridades en contra de su propaganda, candidaturas o miembros, así como solventar, en su oportunidad; expedir y publicar oportunamente las convocatorias para el registro de las candidaturas; efectuar el cómputo total de las diversas elecciones locales, asignar regidurías y diputaciones de representación proporcional; substanciar y acordar los recursos cuya resolución le competa, entre otras.

Lo anterior da cuenta de que los OPLE tienen una función de suma relevancia en el sistema electoral mexicano, brindando certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia y máxima publicidad en las distintas etapas de los procesos electorales. Estos organismos locales representan instituciones con conocimiento, experiencia y, sobre todo, proximidad para responder y equilibrar aspectos de distinta naturaleza, como la equidad de género, la sobre y sub representación política, el acceso efectivo al derecho de ser votado mediante candidaturas independientes y la participación política de los pueblos indígenas, sólo por mencionar algunos. México es un país muy diverso, en el que las diferencias sólo pueden ser verdaderamente comprendidas y atendidas desde cada núcleo (entidad federativa).

Juan Enrique Kato Rodríguez

Durango

El ejercicio de la democracia y la organización de los procesos electorales en las 32 entidades federativas del Estado mexicano han evolucionado dependiendo de sus contextos geográficos, históricos, económicos y sociopolíticos. Para el caso de Durango, en 1994 se creó el ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), desde entonces ha promovido y garantizado el derecho de votar y ser votado de la ciudadanía duranguense, así como la renovación y transición pacífica de los poderes. La reforma electoral federal de 2014, que inyectó autonomía a los Institutos Electorales Locales, también llamados Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE), contribuyó para hacer posible la alternancia de actores políticos en los gobiernos locales.

Derivado de lo anterior, tanto el INE como los OPLE participan y organizan elecciones para renovar comicios federales –presidencial, diputaciones y senadurías–, es decir, aproximadamente 1,257 cargos entre propietarios y suplentes; por otro lado, los institutos locales realizan elecciones para alrededor de 47,908 cargos entre gubernaturas, diputaciones y ayuntamientos de las 32 entidades.

Para explicar el ejemplo referido, sobre la complejidad de los procesos locales, parto desde el contexto de Durango, cuya entidad se compone de 39 municipios. El IEPC tiene un órgano central permanente ubicado en la ciudad capital, en los procesos electorales instala 39 consejos municipales, cuyos integrantes –consejeros/as, secretarios/as, personal administrativo y representantes de partidos políticos e independientes– son nativos de cada municipio y, por ende, conocen su geografía y situación de seguridad. Estos consejos, con el acompañamiento, capacitación y supervisión del órgano central, se encargan de atender las solicitudes de fe pública y resolver en primera instancia los procedimientos especiales sancionadores, que derivan de quejas o denuncias en materia electoral; revisar, requerir y resolver el registro de candidaturas dentro de un término de seis días (tan sólo para la renovación de ayuntamientos se reciben alrededor de 4,500 expedientes); realizar la distribución del material y documentación electoral a los presidentes de las mesas directivas de casillas; recibir los paquetes electorales de los funcionarios de casillas que, en el caso de los municipios del Mezquital, San Dimas y Santiago Papasquiaro tardan entre 11 y 14 horas en llegar a los consejos; llevar a cabo los cómputos municipales, entregar las constancias a los ganadores y declarar la validez de la elección de ayuntamientos, entre otras actividades.

La estructura del INE en Durango, además de la Junta Local Ejecutiva, tiene cuatro Juntas Distritales que se ubican en las zonas urbanas; por tanto, si se consideran las actividades que despliegan los consejos instalados por el IEPC en los 39 municipios, esto genera políticas de colaboración que permiten la organización de procesos electorales locales en coordinación con el Organismo Público Local y, a su vez, da como resultado un porcentaje considerado aceptable respecto a la participación de la ciudadanía en las contiendas electorales.

Así, con un solo ejemplo, desde el contexto de Durango, se puede observar la importancia de las actividades efectuadas por los OPLE en coordinación con el INE.

Lo anterior se vuelve más complejo si el mismo ejemplo se replica en las 32 entidades federativas, tomando en cuenta que la geografía y niveles de desarrollo son totalmente distintos en el norte, centro y sur de México, además de que también varía el grado de ejercicio de la democracia y las lógicas de organización de los procesos electorales en cada estado.

Los OPLE son motores de las democracias locales, garantizan el ejercicio de los derechos político-electorales en las entidades federativas; impulsan acciones afirmativas para aumentar la participación de las mujeres y la población indígena; reutilizan materiales electorales para reducir los costos de los procesos en cada elección; promueven la educación cívica e involucramiento ciudadano a fin de aportar a la consolidación de la democracia mexicana; gestionan y ministran el financiamiento público a los institutos y agrupaciones políticas, entre otras actividades. Apoyaremos indiscutiblemente una reforma electoral que permita la optimización del gasto público, de manera eficaz y eficiente, así como la indispensable autonomía presupuestal de los OPLE.

Es claro que estamos a favor de una reforma, nadie puede negar que existen oportunidades para optimizar los procesos electorales, tenemos que incorporar la tecnología en el desarrollo de las elecciones, ser incluyentes en todos los sentidos, revisar las finanzas públicas, hay mucho trabajo por realizar, de eso no hay duda.

Pedro Zamudio Godínez 

Estado de México

Tuvimos la oportunidad de participar en el marco de un anunciado ejercicio de “parlamento abierto” convocado, específicamente, por el denominado Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral de la Cámara de Diputados, Consejeras y Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales, conocidos como OPLE. No fuimos a defender a nuestras instituciones, no creemos que ellas estén bajo ataque, atendimos la invitación para aprovechar la oportunidad de que los legisladores que integran dicho grupo de trabajo conocieran, de viva voz y de primera mano, la labor y las acciones que realizamos en las entidades del país quienes somos los responsables, por mandato de ley, de organizar todas las elecciones locales.

Un tema que ha concentrado el debate es el referido a la cantidad y destino de los recursos económicos con que opera cada uno de los OPLE, en este sentido, es importante que la ciudadanía, por medio de este espacio que amablemente nos otorga la Revista Voz y Voto, sepa que no somos una fuente de dispendio, somos órganos constitucionales con legislaciones qué cumplir, auditorías qué atender. Cada actividad que realiza un Organismo Público Local Electoral debe estar respaldada en su calendario anual de actividades, pues sólo así se puede utilizar algún recurso. Somos instituciones del Estado mexicano, conscientes de la alta responsabilidad que tenemos en nuestras manos.

Desde 2015 se lleva a cabo una contención del gasto, a pesar de que se ha venido afectando o reduciendo la capacidad presupuestal de los institutos por las restricciones económicas a las que todos se han enfrentado; aun así, hemos podido realizar las funciones constitucionales y legales que tenemos establecidas.

Hay una afirmación que quiero destacar, se dice que: “no hemos reducido nuestros presupuestos a pesar de que ya no hacemos todo lo que hacíamos antes y que hacemos las mismas cosas que hace el INE”. Esto es inexacto, los órganos electorales, nacional y estatales, tenemos diferentes ámbitos de responsabilidad, diferentes leyes que cumplir; sirva como ejemplo el hecho de que algunas legislaciones estatales contemplan niveles de elección que, a escala federal, no existen, además de otras actividades inherentes a la participación ciudadana y a los mecanismos de democracia directa.

Para poner un ejemplo de lo anterior, refiero el caso del Estado de México en el periodo 2015-2018. Año con año, al término del ejercicio fiscal, hemos devuelto al erario estatal los recursos no ejercidos y el resultado de estos últimos cuatro años da una suma superior a los 653 millones de pesos, cantidad que representa 133% del monto que eventualmente erogaremos este año.

Es importante aclarar que esta diferencia entre recursos otorgados y ejercidos no es producto de que solicitemos recursos de más; debemos pedir lo necesario para cumplir con todas las obligaciones encomendadas por la Ley, la práctica cotidiana de contención del gasto nos da la oportunidad de utilizar de manera eficiente los recursos financieros y, al final de cada ejercicio fiscal, simplemente devolver lo no ejercido con la tranquilidad de saber que la contención no ha implicado el incumplimiento de ningún mandato.

En estos días que corren se han anunciado, y desarrollado, otros ejercicios de parlamento abierto con el tema de una posible reforma electoral, convocados por la Subcomisión Electoral y de Partidos Políticos, de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, planeados para que haya, al menos, uno en cada circunscripción electoral federal y dirigidos a “conocer las inquietudes de los operadores y actores del sistema electoral que puedan reflejarse en una reforma a la legislación […] partiendo de su experiencia”. Nos parece que este esfuerzo debe reconocerse. De concretarse una reforma electoral en el corto plazo, sería la primera vez que, antes de proponerla, los legisladores abrieran sus oídos a la voz de quienes serán responsables de aplicarla. Se sienten nuevos vientos, hacemos votos para que los cambios fortalezcan efectivamente las capacidades de las instituciones y no para, envueltos en el camuflaje de un malentendido ahorro, debilitar lo mucho que hemos logrado en este país en un cuarto de siglo de desarrollo democrático.

Nazarín Vargas Armenta

Guerrero

Así como el federalismo mexicano tiene su fundamentación en el municipio, como su célula básica, el federalismo electoral se sustenta en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) como célula básica, no sólo del sistema electoral sino de la propia democracia.

En México, la geografía electoral se integra por 300 distritos constituidos por variables y determinantes homogéneas que no logran introducir completamente las particularidades definitorias de la cultura e idiosincrasia de cada entidad federativa, pero en el interior de éstas, los distritos electorales locales se definen por una serie de factores que toman en cuenta estas particularidades. Por ello, la tutela de los derechos político-electorales en las localidades ha fortalecido las elecciones y proporcionado una estabilidad política que propició la transición pacífica de los poderes públicos. Prueba de esto es que mucho antes de que se diera la alternancia en el ámbito federal, en los estados esto era una realidad en los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como en los ayuntamientos. Asimismo, fue posible erradicar los conflictos poselectorales que durante el siglo XX fueron el sello distintivo de las elecciones, gracias al diseño, desarrollo y resultado de procesos electorales locales objetivos, con legitimidad social. En este contexto, es necesario precisar que el avance democrático también requirió una constante reingeniería del modelo electoral, expresada en una serie de reformas electorales implementadas en el ámbito federal y local, y que, precisamente, la costumbre histórica de los últimos 22 años muestra que después de cada elección se produce una de ellas.

Hoy en día, ante el umbral del próximo proceso electoral, el fantasma de la centralización permea como uno de los temas principales de la eventual reforma; es decir, la desaparición de los OPLE y la concentración de toda función electoral en un solo órgano nacional.

En esta propuesta se identifican dos razonamientos: uno intenta sostener que la centralización electoral permitirá reducir los costos de la democracia y el otro pugna por eliminar una presunta influencia perniciosa de los poderes locales en los OPLE. Pero la propuesta omite agregar en la reflexión y el análisis las contribuciones que éstos han hecho al proceso democrático; además, pierde de vista que existen diferencias culturales e idiosincrásicas tanto entre los estados y en el interior de éstos, como en sus municipios. Diferencias a las que se adaptan los procesos electorales que conducen los órganos locales y, más aún, que van delineando el diseño e implementación de las políticas de educación y cultura cívica; el ejercicio e instrumentación de los mecanismos de participación ciudadana; el tutelaje del derecho de los pueblos originarios a la libre autodeterminación de sus formas de gobierno y elección de sus autoridades; la garantía del ejercicio de los derechos a candidaturas independientes, elección consecutiva y a la participación política de las mujeres bajo el principio de paridad, tanto en candidaturas como en la integración de los poderes locales. Todo esto quiere decir que el reconocimiento jurídico de las diferencias y particularidades de carácter local se han logrado gracias a los OPLE, al tiempo que han permitido el diseño, desarrollo y conducción de procesos electorales, los cuales contribuyen determinantemente a la estabilidad política y social de los estados.

Bajo estas argumentaciones, no sólo la permanencia de los OPLE debe ser tema fundamental en el análisis y discusión de la reforma, sino también el fortalecimiento de su autonomía y la preservación de su riqueza electoral acumulada, factores que contribuyen a la salud del sistema electoral y de la democracia.

Ramón Hernández Reyes

Michoacán

En las últimas cuatro décadas, el sistema normativo federal mexicano ha pasado por diversas reformas en materia electoral, éstas han representado cambios importantes y cobran preeminencia especial para nuestra vida democrática.

El próximo año, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) cumplirá 25 años de servir a la sociedad del estado; a lo largo de este tiempo ha organizado elecciones seguras, transparentes, en un clima de tranquilidad y libre de conflictos político-electorales.

Cabe señalar que la entidad fue la primera en reconocer, en su legislación local, el voto de los michoacanos residentes en el extranjero para la elección de gobernador, tarea que el IEM efectuó en las elecciones de 2007, 2011 y 2014-2015.

Acorde con sus atribuciones, este Instituto ha innovado la emisión de normas reglamentarias, como las relativas a la fiscalización en los mecanismos de referéndum y plebiscito en Michoacán de Ocampo, aprobado el 6 de junio de 2017, así como el reglamento para la fiscalización de las organizaciones de observadores electorales en elecciones locales del estado, aprobado por el Consejo General el 21 de noviembre del mismo año.

Un punto relevante en estos años se refiere al sistema de elecciones de autoridades municipales, basado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. A partir de la sentencia SUP-JDC-9167/2011 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Reforma Electoral de 2014, el IEM creó una Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas, integrada por consejeros electorales, en la que participarían con derecho a voz los representantes de los pueblos o comunidades indígenas de la demarcación para elegir autoridades tradicionales bajo el régimen de usos y costumbres.

Otro aspecto a destacar fue haber utilizado material electoral biodegradable durante el proceso ordinario 2011, con el fin de contribuir a la preservación del medio ambiente y participar de manera directa en la cultura del desarrollo sustentable; lo que implicó un costo menor de dos terceras partes respecto al generado durante el proceso electoral ordinario local 2014-2015.

Además, el 6 de junio de 2017 el Consejo General del iem emitió el reglamento para la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas, en el que se establece como atribución del Instituto consultarles cuando se prevean medidas legislativas o administrativas, así como para determinar su autonomía y autogobierno.

De igual manera, en ejercicio de su facultad reglamentaria, el 26 de septiembre de 2017, dicho Consejo General aprobó los lineamientos para cumplir el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas de las fórmulas de diputados y las planillas de ayuntamientos para el proceso electoral ordinario local 2017-2018.

Con esta y otras acciones el Instituto Electoral de Michoacán demuestra que es una institución confiable, protectora de los derechos humanos, para que los ciudadanos tengan la certeza de que todas las actividades político-electorales se llevan a cabo bajo los principios rectores de la función electoral.

Por último, quisiera hacer un reconocimiento general a los OPLE del país que han transformado para bien la realidad de los ejercicios democráticos.

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1 Organismos Públicos Desconcentrados, se entiende por éstos a los consejos distritales y municipales que se instalan en la entidad, mismos que son integrados mediante un proceso de selección transparente, objetivo e idóneo.
2 Prida, R. (1912). La Nueva Ley Electoral. Observaciones sobre la Ley de 19 de diciembre de 1911. México: IMP Universal de Andrés Sánchez Juárez.
3 Romero, R. y Téllez, J. (2010). “Los antecedentes histórico-legislativos de los dispositivos automáticos para receptar la votación en México”. En: Voto electrónico, Derecho y otras implicaciones. México: UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 155-186.
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